Las mejores perspectivas que se presentan en la matriz sucroalcoholera de Tucumán, promisorias y optimistas, enfrenta sin embargo una sombra que los factores productivos y la administración provincial deben resolver más temprano que tarde: qué hacer con la vinaza. Este es un subproducto de la fabricación de alcohol a partir de la caña de azúcar, que en su composición química registra alta salinidad y materia orgánica, y sus volúmenes de producción le confieren un elevado poder contaminante de diques, ríos y arroyos, pudiendo afectar la flora y la fauna que en estos cursos de agua se desarrolla. La industria azucarera provincial tiene en la producción de biocombustible una inmejorable oportunidad para el crecimiento sostenido, pero ese horizonte no logra transformarse en una esperanza completa en razón de que aun no pudo desarrollar un adecuado manejo de la vinaza, frente al imperioso mandato de cuidar el medio ambiente.
El debate sobre el destino de este subproducto se reactualizó en los últimos días, luego de que un alto funcionario del Ministerio de Ambiente de la Nación advirtiera que “Tucumán no ha alcanzado un buen sistema de gestión” para revertir la posibilidad daño ambiental y ratificó lo que cañeros, industriales, expertos, funcionarios y gran parte del mundo vinculado a la actividad ya sabían: el aumento dispuesto por el Gobierno Nacional de 10% a 12% del corte de bioetanol de caña de azúcar en las naftas generará más vinaza en los ingenios. Habría que recordar la batalla judicial que varios industriales y administradores de fábricas enfrentan procesos por contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, una causa que fue iniciada en 2009 por daños ambientales perpetrados en Las Termas de Río Hondo. Ya en 2007, la Justicia Federal, a través de una investigación de la Gendarmería Nacional, había detectado que uno de los ingenios denunciados por infringir la ley que regula la gestión de residuos peligroso no poseía la planta de tratamiento para los efluentes que producía y que había optado por encauzar esos residuos hacia una laguna de sacrificio ubicada a varios kilómetros de la fábrica, desde donde se derramaron hacia el cauce de un río que traslada sus aguas a la Cuenca Salí-Dulce. En los últimos años, la administración provincial inició un programa de vigilancia y control en la producción y, finalmente, la mayoría de las fábricas azucareras firmaron un acuerdo con el área ambiental nacional, con el auspicio del Gobierno tucumano, para implementar el plan “vinaza cero”, en el marco de un Programa de Reconversión Industrial. Al allanarse las empresas a poner en marcha ese operativo el Banco Nación habilitó una operatoria, con tasas subsidiadas, para que las fábricas ejecuten obras ambientales que les permitan evitar la contaminación del río Salí-Dulce. Los avances en la ejecución del proyecto han sido importantes, pero no decisivos, y así lo reconocen los principales referentes azucareros. Ese cuadro lo planteó Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, que visitó la provincia: “El problema está controlado respecto de la situación de contaminación que originó la demanda judicial que interpuso la provincia de Santiago del Estero; con el Programa de Reconversión Industrial, las inversiones de empresas y un sistema de control y monitoreo estricto se ha contenido el problema, pero todavía no estamos teniendo una buena gestión del riesgo porque no está solucionado el tema de fondo: aún hay riesgo latente”, dijo. Mientras se desarrollan tecnologías que permitan utilizar la vinaza en la producción efectiva de energía o de fertilizantes, sería más que oportuno que todos los factores tucumanos involucrados concreten el paso definitivo para resolver una problemática inveterada y alarmante, que tantos impedimientos económicos y trastornos en la calidad de vida ha ocasionado.